El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió que se investigue si el directorio de la empresa Siderar tomó decisiones que causaron un perjuicio económico a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).
De acuerdo a las fuentes judiciales, la denuncia fue radicada ante el juez federal Ariel Lijo y sostuvo que en una reciente asamblea, con el voto en contra del representante de la ANSES, se aprobó la distribución de dividendos por más de $1.500 millones, por el año 2010, pero no se informó sobre el destino de una suma mucho mayor acumulada en períodos anteriores.
La distribución de dividendos de 2010, que fue votada en contra por el representante de la ANSeS, trepó a 1.511.489.154 pesos.
Siderar encabeza la resistencia del empresariado privado al decreto de necesidad y urgencia 441, según el cual el Estado debe contar con una representación en el directorio de las empresas de las cuales es accionista equivalente al porcentaje de acciones que posee.
Ese decreto modificó una norma anterior que fijaba el techo de la participación estatal en las empresas -derivada de lareestatización de las ex AFJP- en un cinco por ciento.
Marijuán, el fiscal que está a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), precisó en su planteo al juez Lijo que el Estado debió contar con tres directores en Siderar, lo que le hubiera posibilitado "un mayor y mejor control sobre las decisiones a adoptarse y que puedan vulnerar futuros beneficios económicos".
Así, aludió a $6.455.418.354 asignados a la cuenta "Reservas de futuros dividendos", $43.947.494 pesos a "Reserva facultativa" y $691.186.690 a "Resultados diferidos", sobre los cuales el Estado pidió informes que no le fueron suministrados.
"Lo actuado por la parte mayoritaria constituye un claro abuso del derecho por no consultar con criterios de razonabilidad y buena administración, sino esconder una maniobra destinada a oprimir a las minorías", embistió Marijuán.
El artículo 300 del Código Penal, en el capítulo de "fraudes al comercio y a la industria", establece penas de entre seis meses a dos años de prisión a quien "ofreciere fondos públicos oacciones u obligaciones de alguna sociedad o persona jurídica, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas" y al directivo que "informare a la asamblea o reunión de socios, con falsedad o reticencia, sobre hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa, cualquiera que hubiere sido el propósitoperseguido al verificarlo".
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