Entre los técnicos y especialistas en estadísticas ronda un fatalismo optimista, si se permite la combinación. Y todas las opiniones se podrían resumir en la frase: “Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”. Juan Manuel Serrat, agradecido por la libre asociación; y la oposición, de festejo por su primera batalla ganada para reconstruir la credibilidad del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El martes, la oposición impuso su mayoría y aprobó un dictamen que normaliza el Indec para ponerle fin a más de tres años de intervención del Gobierno. El proyecto para normalizar el organismo se elaboró con aportes técnicos de varias fuentes -incluido el de Graciela Bevacqua y otros ex funcionarios del Indec-y logró el consenso de la oposición en Diputados. También participaron académicos de varias universidades y tuvo un papel de coordinador el constitucionalista Félix Loñ.
En líneas generales, propone:
z Convertir al Indec en un organismo independiente y autónomo del Gobierno, al que no lleguen las presiones políticas.
z Crear una comisión bicameral del Congreso para que actúe como contralor y se encargue, en una primera instancia, de convocar a un concurso de antecedentes para designar a las nuevas autoridades.
z Implementar una serie de cláusulas transitorias como el cese inmediato de la intervención del Gobierno, con la reincorporación del personal despedido y la designación de un director provisorio por 90 días.
El oficialismo se retiró de la reunión de comisión en Diputados y advirtió su próximo paso: impugnar el dictamen de la Comisión de Comercio, ya que tomó la decisión sin discutir la presidencia de la comisión, que había quedado vacante por la renuncia del titular, el kirchnerista Guillermo Pereyra. También aclaran que no hubo debate, ya que se presentó el dictamen cerrado para su aprobación.
De convertirse en ley, se transformará al Indec en un organismo independiente, autónomo del Poder Ejecutivo. En los próximos quince días, el proyecto podría pasar con éxito por la Cámara Baja y podría encontrar problemas en el Senado, donde la mayoría no está tan segura. El último intento sucedió a principios de este año, cuando un grupo de técnicos de varias universidades se reunió con Norberto Itzcovich, director técnico del Indec. Tras varias reuniones formales e informales, las buenas intenciones expresadas al inicio, que hablaban de una revisión del trabajo del organismo para lograr la validación de las universidades, quedaron en nada. En agua de borrajas, diría un castizo.
Los técnicos se quejaron por no acceder a los datos que necesitaban para hacer su evaluación. Y el intento fue solamente una búsqueda de renovación de la imagen, algo confirmado por la titular del Indec, Ana María Edwin, que respondió a los pedidos aclarando que “al Indec no hay que normalizarlo porque no está anormalizado, si es que esa palabra existe, el Indec no está intervenido, yo soy la directora nombrada por decreto igual que todos los directores que hubo en la institución”.
El mapa de la reconstrucción
El índice de precios, que sufrió sucesivas distorsiones, es algo más que un indicador para medir la evolución del costo de la vida y la inflación. También sirve de base para el cálculo de la actividad económica, de la situación de la población más necesitada a través de su impacto en los índices de pobreza e indigencia, la distribución del ingreso y también para saber cuánto dinero hay que pagar, debido a la indexación de bonos de la deuda mediante índices de inflación o crecimiento del PBI. Por eso, una distorsión allí, desencadena un efecto dominó de desconfianza sobre todos los demás indicadores.
Consultados sobre la posibilidad de reconstruir la credibilidad y los datos estadísticos, los analistas que hablaron con WE son más optimistas sobre la primera posibilidad que sobre la segunda. Es decir, esperan que una gestión transparente, autónoma y a cargo de técnicos idóneos devuelva confianza en los nuevos índices, aunque no son tan optimistas sobre la recuperación de lo que ya se dañó.
“Va a llevar un buen tiempo reconstruir todo, además del trabajo con los indicadores, hay que reconstruir lo institucional y el clima interno del Indec, que está muy dañado”, asegura Graciela Bevacqua, ex directora del IPC del Indec apartada de su cargo durante los forcejeos con Guillermo Moreno.
Actualmente a cargo de seguir el IPC para la consultora Buenos Aires City, Bevacqua cree que “el IPC se está perdiendo y no se arreglará hasta 2012 al menos, con lo cual se estarán dejando de contar con eso números al menos durante cinco años”.
Víctor Beker fue director general de estadísticas económicas del Indec y cree que la revisión de las estadísticas para reconstruirlas se puede hacer al mismo tiempo que las tareas normales del organismo. “Habría que pensar en ajustar la metodología y afectar recursos humanos para dedicarlos a esta tarea. Esto requerirá de entrenamiento y reeducación del personal, porque si bien la dotación de personal creció, hay serias dudas sobre la capacidad técnica de la gente incorporada”, dice.
Y coincide con Bevacqua en ubicar una eventual “armonización” de estadísticas para 2012. “Fueron más de tres años de destrucción, y repararlo llevará al menos dos años más”.
Para Beker, el frente judicial también es importante: “El Congreso tendrá que dictar una ley que ponga en claro qué se va hacer con los bonos indexados por CER que quedan, o habrá una catarata de juicios. Esto, en mi opinión, es una forma de default y debe ser tratado así”.
En tren de hacer mejoras, a la medición de pobreza le vendrían bien unos ajustes. Así opina Agustín Salvia, director del Observatorio Social de la UCA, que elabora un índice de pobreza desde 2004. “Gran parte del problema está en la medición del sistema de precios, en los cambios que están experimentando los distintos mercados urbanos de la Argentina. Es lo más complejo y contradictorio, y requeriría un cambio sustantivo para que los índices sean más cercanos a un indicador histórico”, explica Salvia. Y agrega que “no se puede decir que está mal la pobreza, sino que el indicador no es confiable por la evolución que han tenido los precios, lo híper-grosero es que estos precios actuales de los productos de la canasta básica son adulterados o intervenidos o construidos en gabinete y no a partir de una medición aleatoria técnicamente confiable. Así se subestima la pobreza e indigencia”.
Sobre la recuperación de datos, es más bien pesimista. “No creo que haya capacidad de reconstruir la información, habrá que hacer ejercicios metodológicos para hacer los empalmes entre las series y reconstruir”, dice. Y arriesga que es probable que “se pierdan” datos. “No creo que haya huellas de las bases de datos para hacer la medición retrospectiva”.
De todas maneras, los tres expertos coinciden en celebrar la puesta en marcha de la reconstrucción y en instar a que se aceleren los tiempos. “A medida que pase más tiempo, más problemas tendremos”, resume Salvia.
La receta tiene cientos de ingredientes. Bajo la dirección de un equipo técnico sólido y con el monitoreo del Congreso, el Indec deberá construir nuevos estimadores para permitir un ajuste del IPC, del PBI, de la pobreza e indigencia. En muchos casos se requerirán fuentes alternativas (mediciones provinciales, relevamientos privados, y varias otras) y hará falta mientras tanto reparar el clima interno dentro del organismo.
Con todos los ingredientes, se cocina a fuego lento para tener, quizás dentro de dos años, un termómetro que vuelva a medir correctamente. z we
El principio del descalabro
Efectivamente, tres años de manipulación de cifras e intervención política en el INDEC, un organismo que debería funcionar solamente bajo estrictos estándares académicos y técnicos, dejan secuelas que requieren una larga reparación.
Una crónica detallada de los sucesos de estos tres años requeriría varios tomos (de hecho, hay al menos tres libros dedicados al tema). Todo empezó con el índice de precios al consumidor (IPC) de enero de 2007, que se esperaba superara los dos puntos debido a las estimaciones que aportaban los índices de siete provincias que participaban del índice nacional. El número oficial fue de 1,1%, la mitad de lo esperado, y allí comenzaron las dudas y se empezaron a conocer las presiones cada vez más fuertes recibidas dentro del Indec para revelar datos estadísticos secretos y, luego, para alterar la metodología de cálculo.
Las diferencias entre las provincias y la Nación se mantuvieron por poco tiempo, ya que desde el Indec se llamó a los responsables de estadísticas de las provincias y casi todas accedieron a cambiar los precios que tomaban, incorporando los valores que consignaba el organismo nacional, y que tenían topes negociados -y a veces impuestos- por la Secretaría de Comercio. Fue el principio del fin de la independencia estadística.
Con el transcurso de los meses se fueron cambiando también los comercios donde se recogían los datos, y también la canasta de productos relevados.
Y a partir de abril de ese año, los índices provinciales empezaron a coincidir con el de GBA, con la excepción de dos provincias -San Luis y Mendoza-, que seguían calculando como siempre y obtenían índices superiores al resto del país.
San Luis era gobernada por un opositor, Alberto Rodríguez Saá; mientras que Mendoza estaba en manos de Julio Cobos, entonces candidato a vicepresidente junto con Cristina Kirchner.
El espíritu de la intervención era uno solo. “El arribo de Moreno al INDEC tuvo un único fin: torcer la realidad económica de la Argentina para que Cristina Kirchner capitalizara políticamente los datos del sistema estadístico nacional. Por lo menos en un primer momento, la manipulación de los datos de inflación se dio de tres maneras: el retoque de la metodología a través del sistema informático (se pusieron topes a las subas), la violación del secreto estadístico y la introducción de datos no tomados por los encuestadores del Indec. Tras el desmantelamiento del organismo, se ajustaron los mecanismos”, dice hoy Francisco Jueguen, que escribió con Lucrecia Bullrich en Indec: Una destrucción con el sello de los Kirchner.
A la manipulación de números siguió la de personas, con funcionarios invitados a colaborar en la nueva metodología y, en caso de no aceptar, desplazados o directamente despedidos, con denuncias penales incluidas. Y el clima interno del Indec mutando desde la normalidad hacia la tormenta perpetua.
El año pasado, el Gobierno intentó conseguir la aprobación de la gestión del Indec, incluso con la oferta de hacer borrón y cuenta nueva. En julio, en una cumbre con empresas y sindicalistas, la Presidenta dijo que avalaría una ley que funde un sistema nacional de estadística pública para partir de cero, incluyendo nuevos cuerpos colegiados de control que incluyeran a economistas, profesores universitarios y legisladores. Dos datos de esa propuesta alejaron la posibilidad de que la oposición la acompañara: el Gobierno se reservaba la facultad de nombrar al responsable del Indec y no se revisaba ninguna de las medidas ni designaciones tomadas durante la intervención.
El árbol del Índice de Precios (IPC)
TRONCO
El IPC Nivel General es un indicador que publica el Indec y que muestra el costo de vida medido a través de la inflación. La publicación se realiza en fechas cercanas al 15 de cada mes, con respecto al mes anterior. El IPC Nivel General 2010 se desagrega en distintas categorías:
z Alimentos y bebidas
z Indumentaria
z Vivienda y servicios básicos
z Equipamiento y mantenimiento del hogar
z Atención médica y gastos para la salud
z Transporte y comunicaciones
z Esparcimiento
z Educación
z Otros bienes y servicios
RAMAS
Pobreza e indigencia: los límites de ambos indicadores establecen cuánto dinero necesita ganar una familia para mantenerse por encima de la línea de pobreza o por encima de la línea de indigencia. Ambos indicadores se construyen en base a una canasta básica de alimentos, cuyos precios evolucionan según el IPC.
PBI, el producto bruto interno: se altera por una medición desajustada de la inflación ya que algunos de sus componentes son datos a precios corrientes que tienen que ser considerados junto con el índice de precios.
Deuda pública: El IPC influye
en la evolución de cotización de los cupones emitidos por el gobierno y cuyo rendimiento está atado a la inflación (los ajustados por CER, que fueron canjeados en su mayoría por nuevos bonos el año pasado) y también en aquellos relacionados con el crecimiento (atados a la evolución del PBI).
