"La verdad es muy difícil y si no recibimos el dinero del quinto tramo hacia el 26 de junio nos veremos obligados a cerrar la tienda y declarar la imposibilidad de pagar nuestras obligaciones", declaró el titular de Finanzas griego en una entrevista exclusiva al canal privado ateniense Skai.
La reacción a estas declaraciones no se ha hecho esperar. La agencia de calificación Moody's advirtió hoy de que un impago de la deuda soberana griega tendría consecuencias no solo para la República helena, si no también para otros países de la Eurozona.
Además, la compañía insistió en que el daño se produciría independientemente de que la suspensión de pagos se hiciese "de forma ordenada" y que "cuanto más tiempo persista la actual incertidumbre mayor será la tentación de llevar a cabo una reestructuración".
En el comunicado emitido, la calificadora insiste en que cualquier cambio que se produjese en las condiciones de pagos de los bonos helenos será considerado como un impago, ya sea mediante un alargamiento de los plazos de vencimiento o a través de una reducción de las tasas de interés o del principal.
Estas posibilidades también fueron rechazadas mismo por el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, que en la apertura del foro anual de la OCDE hizo énfasis en la idea de que una reestructuración solo "agravaría la situación".
Por ello, el político belga señaló que se debe poner el acento en la aceleración del programa de reformas griego aunque reconoció que los mercados no están dejando tiempo para que las reformas empiecen a surtir efecto. "Esto es un hecho con el que tenemos que trabajar" , concluyó.
Nuevos planes de austeridad
Esta guerra de declaraciones se produce un día después de que Ejecutivo heleno decidiese adoptar de forma urgente nuevas medidas de austeridad con el objetivo de ahorrar 28.000 millones de euros hasta 2015.
Un anuncio al que hay que sumar el inmediato plan de privatizaciones de empresas estatales y activos públicos por un importe de otros 50.000 millones. Estos nuevos planes son producto de las presiones efectuadas por Bruselas para que Atenas afronte esfuerzos adicionales a los ya tomados.
El ministro ha reconocido que para ahorrar se despedirán a empleados públicos con contratos temporales pese a que el Gobierno trató de evitarlo, declarando que ya no se les ha renovado el contrato a 30.000 de ellos y que con las bajas voluntarias hay ya 83.000 funcionarios menos en el sector público.
"Haremos recortes. El Estado no aguanta tener esta estructura", ha dicho Papaconstantínu. Aunque a pesar de estas urgencias el dirigente ha rechazado rotundamente la posibilidad de abandonar el euro, ya que la divisa es un "protector" y no un lastre.
El Gobierno está a la espera de que las medidas de austeridad anunciadas reciban el visto bueno de los expertos que llegan el miércoles a Atenas de la Unión Europea (UE) y el FMI, que otorgaron a Grecia un plan de ayuda trienal de 110.000 millones de euros en 2010.
La intención no es otra que conseguir cumplir con los objetivos de déficit que sería reducir el actual 10,5% hasta un 3% en 2014 y un 1% en 2015.
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