A primera hora de hoy, la jueza federal en lo contencioso administrativo María José Sarmiento dictaría una medida cautelar que suspenderá el decreto 2010/09, por el cual la presidente Cristina Kirchner dispuso utilizar las reservas del Banco Central (BCRA) para el pago de deudas.
La medida cautelar fue pedida en dos presentaciones, una hecha por Pro y por la Coalición Cívica, a fines de diciembre, y otra promovida por la UCR, anteayer.
La jueza no se expediría sobre la constitucionalidad del controvertido decreto de necesidad y urgencia (DNU), pero sí suspendería su aplicación hasta que el Congreso pueda reunirse. Se da por hecho que el Gobierno apelará el fallo ante la Cámara del fuero, donde tiene mucha influencia gracias a varios de sus operadores políticos.
Para lograr que su resolución produzca el efecto buscado, la jueza debería librar una carrera contra reloj. Ayer, la reunión de directores del BCRA, en la que no estuvo el presidente Martín Redrado, ordenó al gerente general de la entidad, Hernán Lacunza, abrir una cuenta para depositar los fondos a la orden del Gobierno.
Si la jueza Sarmiento notifica su resolución después de que el Poder Ejecutivo se apodere de las reservas, su resolución se habrá vuelto abstracta. Por eso, los tiempos tienen mucho peso.
La doctora Sarmiento tiene 30 años de actuación en la Justicia y fue nombrada magistrada hace 16. Quienes la conocen destacan su perfil independiente y sostienen que le causó dolores de cabeza a todos los gobiernos. En los 90 frenó el rebalanceo telefónico y, este año, paralizó el concurso que realizó el Consejo de la Magistratura para cubrir cuatro vacantes de jueces federales penales, donde varios de los que habían ganado -que contaban con el aval del oficialismo- habían hecho trampa.
En las actuales circunstancias están en juego dos asuntos: la situación de Martín Redrado, que ayer fue destituido por el decreto 18/2010 y que hoy podría presentar una demanda, y la utilización de las reservas del BCRA, que fue dispuesta por el DNU 2010/09.
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