La reforma del Indec que logró media sanción en el Senado y que ahora deberá ser tratada en Diputados representa mucho más que una discusión por la transparencia del instituto de estadísticas. En el Gobierno ya admiten que la pelea de fondo es la de siempre: la caja. Y tanto en el oficialismo con en la oposición empezaron a sacar cuentas.
El proyecto en cuestión establece un plazo de 150 días para normalizar el organismo público. Significa que para principios de febrero debería estar en marcha el “nuevo Indec”. No se prevén revisiones hacia atrás de lo actuado en los últimos tres años y medio, pero si se convierte en ley aun así restarán 11 meses para finalizar el mandato de Cristina Fernández de Kirchner con una inflación que ninguna consultora privada estima por debajo del 20% anual. Aunque Indec sólo reconoce un alza de precios en torno al 11% interanual.
Dado que el 25% de la deuda total de la Argentina está indexada por el índice de precios oficial (alrededor de u$s 37.400 millones), ello implica que estos pasivos podrían crecer el año próximo a una tasa de más del doble que la actual, incrementando el stock de deuda en unos u$s 3.740 millones como mínimo.
Hasta ahora, por cada punto de inflación menor a la prevista, el Gobierno se ahorra alrededor de u$s 350 millones. En rigor, no se trata de un ahorro palpable en el corto plazo, sino de un flujo de obligaciones a futuro que aumentan a un menor ritmo y por lo tanto generarán desembolsos inferiores al llegar el momento de pagarse.
Consultados por El Cronista, ayer desde la cúpula del Indec declinaron hacer comentarios sobre el avance de la reforma del organismo en el Congreso. “Nosotros seguimos trabajando como siempre. No tenemos tiempo para ese tema. Ahora estamos abocados al censo de este año”, dijo un alto funcionario de la institución.
Ayer la mayoría de los bonos atados a la inflación oficial terminaron con alzas de hasta 2%, en el marco de una renovada demanda por estos títulos, ante la expectativa de que el proyecto de la oposición logre ser sancionado (ver F&M). Sin embargo el mercado aún mira con escepticismo el escenario de una total normalización del Indec. Los temores son dos: que el Ejecutivo vete la reforma o que embarre la cancha con artilugios judiciales. El veto no sería la primera opción del Gobierno, dado el costo político que conlleva esta iniciativa. En tanto, sí hay chances de que apele a una estrategia legal para dilatar los tiempos la entrada en vigencia de la eventual ley.
El año próximo vencen u$s 1.862 millones de deuda indexada por la inflación oficial. De este monto, u$s 922 millones corresponden al Bogar 2018, u$s 330 millones a préstamos garantizados y u$s 194 millones a deuda con la banca comercial. También hay que pagar u$s 188 millones de los títulos Bocon y u$s 94 millones correspondientes al Boden 2014.
En este contexto, hoy el Indec difundirá el índice de precios de julio. Entre los analistas hay una expectativa moderada respecto a las posibilidades de que ante el nuevo escenario que se abre hacia adelante, se active algún sinceramiento de las cifras. El consenso del mercado espera que se informe un alza de precios en torno al 0,9%; lejos de las estimaciones de los privados que ubican el aumento del costo de vida entre 1,7% y 1,9%.
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