La calificadora de riesgo Fitch decidió elevar la calificación de la deuda argentina a categoría “B” para las emisiones nominadas en divisas a largo plazo tras haberse completado el proceso de canje de los compromisos defaulteados por casi 70% de aceptación. Si bien la noticia disparó (el verbo queda grande) una suba generalizada en la renta fija local, bien vale preguntarse si resulta tan relevante la decisión de la agencia para los inversores.
En este sentido, un cambio en la calificación puede servirle a los inversores para confirmarle que los bonos de Argentina –y la Argentina como emisor de deuda- ya no se encuentran en default, lo que es considerado una mejora sustancial respecto de la calificación anterior. De todas formas, la calificación asignada todavía deja a los títulos locales con una etiqueta que identifica claramente que existe un alto riesgo de impago o de que el emisor de esta deuda podría tener problemas para pagarlos en un futuro.
Este es el argumento que toman en cuenta algunos analistas para recomendar títulos “cortos”. Esto significa que, como no existe certidumbre de pago, es preferible optar por bonos con vencimiento cercano en el tiempo. Bajo este argumento, un título que vence en 2012 es preferible a uno que vence en 2017, ya que se descuenta que el Gobierno tiene mayor probabilidad de tener recursos a corto plazo mientras que en el largo, como dijo Keynes, bueno, estamos todos muertos o, en este caso, todos con menor cantidad de recursos… o vaya a saber dónde estamos.
En serio. Los argumentos van en este sentido, incluso en el de “vaya a saber de dónde van a sacar el dinero para pagar los títulos”.
En este sentido, para los analistas consultados, y en base a la calificación asignada, Argentina sigue siendo un emisor de deuda cuyas credenciales -en lo que hace a la seguridad inversora- convive con la de Venezuela y Grecia, dos países con problemas financieros relevantes y declarados.
Esto no tiene que ver estrictamente con la falta de recursos, sino que se toma en cuenta las “señales” que se dejan trascender desde el emisor de la deuda, en este caso, del Gobierno. Así, y a modo de ejemplo, si las reservas del Banco Central debieran ser utilizadas para “respaldar el valor de la moneda” y, en cambio, son utilizadas en forma discrecional para cancelar deuda y otros menesteres menos claros pero más urgentes, entonces un inversor puede suponer que dentro de unos años, cuando deba recibir buena parte de los pagos del bono que mantiene en cartera, “habrá que ver de dónde piensa sacar el Gobierno los recursos” o “si quedan recursos una vez utilizadas las reservas”.
Por otro lado las calificadoras de riesgo vienen siendo cuestionadas a partir del relevante y aciago papel que tuvieron en la concepción de la crisis subprime de los Estados Unidos, donde prefirieron pensar que el emisor era más importante que el producto que emitía y así olvidaron mensurar en forma equilibrada el riesgo del emisor y el riesgo del producto. En rigor, descontaban que a pesar del riesgo del producto, siempre se iba a contar con el respaldo del emisor, algo que no sucedió y que derivó en la crisis financiera global.
Así, una suba en la nota debiera no tener una relevancia importante. Los bonos argentinos siguen siendo riesgosos, y una suba en la calificación no cambia necesariamente la visión de los inversores.
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